El Poder Ejecutivo pidió retirar de la Cámara de Diputados el proyecto de ley de Competitividad Financiera apenas tres días después de enviarlo. La iniciativa, impulsada por Federico Sturzenegger y firmada por Javier Milei, había generado un fuerte rechazo en el mundo financiero por incluir un nuevo impuesto sobre los cedears.
El artículo que encendió la polémica establecía un gravamen del 15% sobre las ganancias obtenidas por la compraventa de cedears, los certificados que permiten invertir desde la Argentina en acciones de empresas extranjeras. La idea era que esas inversiones tributaran igual que si las acciones se compraran directamente en el exterior. El cambio alcanzaba solo a los certificados adquiridos desde el 31 de octubre de 2026 inclusive, sin afectar las tenencias anteriores.
El recorrido del proyecto fue tan rápido como su final. El Presidente lo firmó digitalmente el sábado 31 de octubre a la 1.42 de la madrugada, junto con los ministros Sturzenegger, Luis Caputo, Alejandra Monteoliva y Diego Santilli. El texto ingresó a Diputados ese mismo sábado por la noche, se conoció públicamente el martes y, antes de que terminara ese día, el Gobierno ya había pedido retirarlo: la nota fue firmada a las 22.50 del martes 3 de noviembre por el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt.
Para entonces, funcionarios y asesores oficiales ya se habían despegado de la disposición impositiva, que atribuyeron a un “borrador viejo”. La medida resultaba especialmente incómoda para una gestión cuyo presidente prometió en reiteradas oportunidades no crear ni aumentar impuestos.
En el oficialismo reconocen que todavía no saben si el proyecto volverá a presentarse en el corto plazo. El episodio dejó expuesta una nueva descoordinación dentro del Gobierno nacional.